Durante años, los datos financieros en Colombia vivieron encerrados en silos. Tu banco sabía todo sobre ti, pero ese conocimiento no podía moverse, compararse ni aprovecharse para darte mejores productos. El Decreto 0368 de 2026 cambia eso de raíz.
Con su entrada en vigor el 8 de abril de 2026, Colombia da el paso definitivo hacia un sistema de Open Finance obligatorio. Ya no es una apuesta voluntaria de algunas entidades a la vanguardia: es ley. Y eso abre una ventana de oportunidad enorme para fintechs, empresas de tecnología financiera y cualquier negocio que quiera competir con información.
El decreto define el sistema como el conjunto de autoridades, normas, estándares, infraestructuras y participantes que interactúan para permitir el acceso y suministro estandarizado de datos financieros, previa autorización del titular.
En términos simples: si un cliente te autoriza, puedes acceder a su historial transaccional, sus productos de crédito, sus depósitos y su información de vinculación como cliente, sin importar en qué banco o entidad financiera los tenga.
Esto incluye productos de depósito, aseguramiento, crédito e inversión.
El decreto no deja espacio para la ambigüedad. Están obligados a participar como proveedores de datos:
En resumen: prácticamente todo el sistema financiero regulado en Colombia.
El decreto establece tres grandes categorías de información que deben circular:
1. Información sobre productos y servicios vigentes del cliente Saldos, historial transaccional de los últimos 12 meses, uso y condiciones particulares de cada producto.
2. Información del proceso de vinculación Los datos recolectados durante el KYC del cliente con cada entidad.
3. Características generales de productos y servicios Información pública que facilita comparar opciones en el mercado.
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es su arquitectura de consentimiento. El sistema no es un acceso libre a datos: requiere autorización previa, expresa e informada del titular.
Esto implica un doble mecanismo: el cliente primero autoriza al receptor de datos, y luego el proveedor de datos confirma esa autorización antes de liberar la información. El titular puede revocar el acceso en cualquier momento.
Para las empresas que quieran recibir datos, esto significa diseñar flujos de consentimiento claros y cumplir con los estándares que define la Superintendencia Financiera de Colombia.
Aquí es donde el decreto se vuelve interesante para el ecosistema. Con acceso estandarizado a datos financieros, se abren casos de uso que antes eran inviables o muy costosos:
Hoy millones de empresas y personas quedan fuera del crédito formal porque sus datos están fragmentados. Con Open Finance, un fintech puede construir modelos de riesgo con información transaccional real de múltiples fuentes.
En lugar de pedir documentos y extractos, un proceso de vinculación puede consumir directamente la información del cliente desde su banco actual. Menos fricción, más conversión.
Una empresa con cuentas en varios bancos podría consolidar su visión financiera en tiempo real a través de un solo panel, sin exportar archivos ni hacer conciliaciones manuales.
Un cliente podría comparar tasas y condiciones entre entidades con su perfil real, no con datos genéricos, y moverse con toda su historia si encuentra una mejor opción.
Este es quizás el caso de uso más inmediato. El decreto también regula los servicios de iniciación de pagos, abriendo la puerta a modelos de pago directos desde cuenta, sin necesidad de intermediarios de tarjetas. Infraestructuras como la de Cobre, que ya opera pagos locales en Colombia vía SPEI, ACH y Bre-B, están posicionadas para ser el puente entre este nuevo marco regulatorio y las empresas que quieran aprovecharlo desde el primer día.
El decreto establece plazos concretos: una vez que la Superintendencia Financiera publique los estándares técnicos para cada categoría de datos, las entidades tendrán 12 meses para habilitar el acceso, prorrogables hasta 6 meses adicionales. La SFC tiene 6 meses para publicar el cronograma de estandarización y 12 meses para poner en marcha el directorio de participantes.
Para las fintechs y empresas que quieran ser receptoras de datos, el camino es claro:
México, Brasil, el Reino Unido y la Unión Europea llevan años construyendo sus marcos de Open Finance y Open Banking. Colombia llega con la ventaja de poder aprender de esas experiencias y con un ecosistema fintech mucho más maduro que hace cinco años.
El Decreto 0368 no es solo un cambio regulatorio. Es la señal de que Colombia está lista para una nueva generación de servicios financieros: más competitivos, más inclusivos y construidos sobre datos reales.
Para las empresas que sepan leerlo bien, es una de las mayores oportunidades del sector en la última década. Y para las que quieran moverse rápido, tener la infraestructura correcta desde hoy marca la diferencia.
¿Quieres entender cómo Cobre puede ayudarte a prepararte para el ecosistema de Open Finance en Colombia? Habla con nuestro equipo.
Durante años, los datos financieros en Colombia vivieron encerrados en silos. Tu banco sabía todo sobre ti, pero ese conocimiento no podía moverse, compararse ni aprovecharse para darte mejores productos. El Decreto 0368 de 2026 cambia eso de raíz.
Con su entrada en vigor el 8 de abril de 2026, Colombia da el paso definitivo hacia un sistema de Open Finance obligatorio. Ya no es una apuesta voluntaria de algunas entidades a la vanguardia: es ley. Y eso abre una ventana de oportunidad enorme para fintechs, empresas de tecnología financiera y cualquier negocio que quiera competir con información.
El decreto define el sistema como el conjunto de autoridades, normas, estándares, infraestructuras y participantes que interactúan para permitir el acceso y suministro estandarizado de datos financieros, previa autorización del titular.
En términos simples: si un cliente te autoriza, puedes acceder a su historial transaccional, sus productos de crédito, sus depósitos y su información de vinculación como cliente, sin importar en qué banco o entidad financiera los tenga.
Esto incluye productos de depósito, aseguramiento, crédito e inversión.
El decreto no deja espacio para la ambigüedad. Están obligados a participar como proveedores de datos:
En resumen: prácticamente todo el sistema financiero regulado en Colombia.
El decreto establece tres grandes categorías de información que deben circular:
1. Información sobre productos y servicios vigentes del cliente Saldos, historial transaccional de los últimos 12 meses, uso y condiciones particulares de cada producto.
2. Información del proceso de vinculación Los datos recolectados durante el KYC del cliente con cada entidad.
3. Características generales de productos y servicios Información pública que facilita comparar opciones en el mercado.
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es su arquitectura de consentimiento. El sistema no es un acceso libre a datos: requiere autorización previa, expresa e informada del titular.
Esto implica un doble mecanismo: el cliente primero autoriza al receptor de datos, y luego el proveedor de datos confirma esa autorización antes de liberar la información. El titular puede revocar el acceso en cualquier momento.
Para las empresas que quieran recibir datos, esto significa diseñar flujos de consentimiento claros y cumplir con los estándares que define la Superintendencia Financiera de Colombia.
Aquí es donde el decreto se vuelve interesante para el ecosistema. Con acceso estandarizado a datos financieros, se abren casos de uso que antes eran inviables o muy costosos:
Hoy millones de empresas y personas quedan fuera del crédito formal porque sus datos están fragmentados. Con Open Finance, un fintech puede construir modelos de riesgo con información transaccional real de múltiples fuentes.
En lugar de pedir documentos y extractos, un proceso de vinculación puede consumir directamente la información del cliente desde su banco actual. Menos fricción, más conversión.
Una empresa con cuentas en varios bancos podría consolidar su visión financiera en tiempo real a través de un solo panel, sin exportar archivos ni hacer conciliaciones manuales.
Un cliente podría comparar tasas y condiciones entre entidades con su perfil real, no con datos genéricos, y moverse con toda su historia si encuentra una mejor opción.
Este es quizás el caso de uso más inmediato. El decreto también regula los servicios de iniciación de pagos, abriendo la puerta a modelos de pago directos desde cuenta, sin necesidad de intermediarios de tarjetas. Infraestructuras como la de Cobre, que ya opera pagos locales en Colombia vía SPEI, ACH y Bre-B, están posicionadas para ser el puente entre este nuevo marco regulatorio y las empresas que quieran aprovecharlo desde el primer día.
El decreto establece plazos concretos: una vez que la Superintendencia Financiera publique los estándares técnicos para cada categoría de datos, las entidades tendrán 12 meses para habilitar el acceso, prorrogables hasta 6 meses adicionales. La SFC tiene 6 meses para publicar el cronograma de estandarización y 12 meses para poner en marcha el directorio de participantes.
Para las fintechs y empresas que quieran ser receptoras de datos, el camino es claro:
México, Brasil, el Reino Unido y la Unión Europea llevan años construyendo sus marcos de Open Finance y Open Banking. Colombia llega con la ventaja de poder aprender de esas experiencias y con un ecosistema fintech mucho más maduro que hace cinco años.
El Decreto 0368 no es solo un cambio regulatorio. Es la señal de que Colombia está lista para una nueva generación de servicios financieros: más competitivos, más inclusivos y construidos sobre datos reales.
Para las empresas que sepan leerlo bien, es una de las mayores oportunidades del sector en la última década. Y para las que quieran moverse rápido, tener la infraestructura correcta desde hoy marca la diferencia.
¿Quieres entender cómo Cobre puede ayudarte a prepararte para el ecosistema de Open Finance en Colombia? Habla con nuestro equipo.
